VER CAUSA 

En la ciudad de Dolores, a la fecha de la firma digital se reúnen el Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, en acuerdo ordinario, a fin de dictar Sentencia en los autos caratulados "M. T.a M.a C/ C. G. F. S/ Despido" Exp. 42.957. Se observa en la votación por los señores jueces el orden establecido precedentemente.

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En la presentación del 11 de mayo de 2021 comparece por la parte actora su letrada apoderada dra. Celeste Daniela Rivas Mateos, promoviendo demanda contra G. F. C.e, por los conceptos que incluye en la liquidación que practica en el punto VIII de dicha presentación, por la suma total de $ 1.577.644,39. Afirma que su mandante trabajó en relación de dependencia en favor del demandado desde el 4 de marzo de 2019, en el establecimiento comercial denominado "Fuegos", sito en Av. Bunge 324 de la ciudad de Pinamar, mediante contrato de trabajo de temporada y desempeñando tareas correspondientes a la categoría laboral de "camarera B", del CCT 389/04, percibiendo remuneraciones inferiores a las correspondientes a las escalas salariales respectivas, no hallándose la relación correctamente registrada respecto de los períodos trabajados. Agrega que el vínculo se desarrolló en un contexto de violencia laboral y de género,siendo su mandante víctima de agresiones y maltratos constantes de parte del empleador. Relata que el 11 de enero de 2021 la trabajadora fue agredida verbalmente por el demandado frente a clientes y que el día siguiente, 12 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 18 hs., al comentar lo sucedido a la esposa del accionado, el demandado le dijo "sos muy turra eh! Te voy a cagar a trompadas! ¿lo que querés lograr es eso?, ¿querés lograr eso?, tomátelas boluda de mierda", mientras hacía ademanes de que la iba a golpear. Refiere que en razón de ello se consideró despedida mediante telegrama que impuso el 14 de enero de 2021 y fue recibido por el accionado al día siguiente. Solicita que el caso sea analizado y juzgado bajo perspectiva de género. Seguidamente transcribe el intercambio epistolar. A continuación plantea la inconstitucionalidad de "sumas no remuneratorias", practica liquidación, solicita que se declare la conducta del demandado temeraria y maliciosa, solicita la aplicación de intereses a tasa activa y ofrece prueba. A continuación plantea la inconstitucionalidad de la ley 23.928 y del art. 4 de la ley 25.561 en tanto disponen la prohibición de indexar o repotenciar la deuda. Luego peticiona que se condene al demandado a entregar los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. y oportunamente se condene al demandado a abonar a la actora el capital reclamado, con más intereses, costos y costas. Corrido el respectivo traslado de la acción, procede a contestarlo, con el escrito del 21 de septiembre de 2021, el dr. Mariano Blanco, en su carácter de apoderado del demandado. Admite que la actora trabajó bajo su dependencia como camarera y niega los demás hechos afirmados en la demanda. En relación al distracto, afirma que la injuria esgrimida es falsa y que la actora debió describir los hechos al detalle, para otorgar a su mandante la posibilidad de defensa y la actora omitió describir circunstancias de fecha, hora y lugar, incumpliendo lo normado por el art. 243 de la L.C.T. Luego impugna la liquidación, ofrece prueba y peticiona que oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda con costas. El 7 de octubre de 2021 se proveen las pruebas ofrecidas por las partes. El 31 de octubre de 2021 se agrega la pericia informática, que no fue objetada por las partes. El 28 de abril de 2022 se agrega la pericia psicológica. El 11 de mayo de 2022 es impugnada por la demandada. El día 13 de ese mes y año la experta responde los cuestionamientos efectuados. El 28 de junio de 2022 se agrega el informe pericial contable. Respecto del mismo la actora requiere aclaraciones el 3 de julio de 2022, las que son respondidas por la experta el día 6 del mismo mes y año. El 9 de julio de 2022 lo impugna la demandada, respondiendo las explicaciones requeridas la experta el día 12 del mismo mes y año. El 25 de marzo de 2024 se fija la fecha para la celebración de la audiencia de vista de la causa, la que se realiza según da cuenta el acta labrada el 3 de octubre de 2024. Dictado el veredicto de autos y hallándose la causa en estado de recibir sentencia, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUESTIONES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Primera Cuestión: ¿Es procedente la demanda interpuesta? Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada el doctor Laborde dijo:

I.- Ha sido probado en la etapa precedente que la accionante trabajó en relación de dependencia en favor del demandado desde el 4 de marzo de 2019 en la modalidad de temporada, en la categoría de camarera (conf. CCT 389/04). Se ha probado también, que la relación no fue regularmente registrada (art. 7mo., ley 24.013) Asimismo se ha probado que la mejor remuneración mensual devengada por la trabajadora ascendió a $ 63.724,92. Tal remuneración, incluye adicionales calificados como "no remunerativas" por el CCT 389/04, de aplicación, calificación que la actora cuestiona en su demanda -punto V-. Considero que la cláusula convencional mediante la cual se pactó el "acuerdo no remunerativo", es inconstitucional, en cuanto desconoce la naturaleza salarial de las prestaciones que establece (Cfme. doctrina de la CSJN en autos "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.", sent. del 1-IX-2009;,v"Díaz, Paulo Vicente v. Cervecería y Malteria Quilmes S.A.H s/ Recurso de hecho", sent. del 04.VI.2013). Por lo tanto, propicio decretar la invalidez constitucional de la norma convencional en cuanto confiere a las sumas entidad "no remunerativa", debiendo así y a todo efecto, entenderse a las mismas como salariales y remuneratorias (cfme. Convenio 95 OIT; arts. 14 bis y 75 inc. 22 Constitución Nacional; art. 39 Constitución de la Provincia de Buenos Aires art. 103 y cctes. LCT; art. 6 y cctes. Ley 24.241). Se tuvo por probado además -conforme surge de la segunda cuestión del veredicto- que la relación finalizó por decisión de la trabajadora, el 15 de enero de 2021. Justificó su decisión en "LA TENTATIVA DE EJERCER VIOLENCIA FÍSICA SOBRE MI PERSONA, LOS AGRAVIOS, INSULTOS Y AMENAZAS practicados por usted hacia la suscripta". Estos hechos, atribuidos al empleador demandado -y el contexto de violencia y discriminación en que se desarrolló la relación- han sido probados, conforme se concluyó en la etapa precedente. Los mismos constituyen actos hostiles, agresivos, intimidantes y humillantes como lo son los gritos, insultos, amenazas, comentarios y alusiones estereotipadas dirigidos por el empleador a la trabajadora, que deben juzgarse con perspectiva de género, cuya finalidad la constituye el garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y disidencias a partir de la superación de estereotipos basados en el sexo, el género y la orientación sexual. Destaco que, a los fines de identificar los casos en que deben juzgarse con esta perspectiva, lo fundamental no es el género de las personas implicadas, sino el identificar y verificar la existencia de una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el sexo, el género o la orientación sexual (Guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género, SCBA, marzo de 2024), lo que evidentemente se da en el caso. En esta perspectiva de análisis corresponde señalar que los hechos protagonizados por el accionado, y demostrados en el caso, se enmarcan en conductas que son clara y categóricamente reprochados por nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar no es ocioso recordar que la Constitución Nacional, en su art. 14 "bis" establece que las leyes asegurarán a la persona que trabaja en relación de dependencia, condiciones dignas y equitativas de labor. Asimismo el art. 16 de la Carta Magna establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación. Igual rango constitucional posee en nuestro ordenamiento jurídico la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer -Cedaw-, por conducto de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la C.N. Esta convención, que fue aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. en 1979, enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, basados en la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer, y prescribe que tal expresión -"discriminación contra la mujer"- denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga "por objeto o por resultado" menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (Considerandos y art.1, Parte I)

Este instrumento internacional, que integra el bloque constitucional, se refiere a la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo, que comprende actos que se expresan de diferentes formas e intensidades, no sólo a nivel físico sino psicológico e incluso verbal. Otro instrumento internacional de suma importancia -que aun no revistiendo rango constitucional en nuestro ordenamiento, sí posee jerarquía superior a las leyes-, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén do Pará), ratificada por ley 24.632. Esta convención reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado (art. 3ro.), y al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, los que comprenden, entre otros, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad, a la dignidad, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (arts. 4 y 6). Define a la violencia de género como cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer (art. 1). Por otra parte, mediante ley Nro. 27.580, nuestro país ratificó el Convenio Sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, (Convenio 190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 11 de noviembre del año 2020, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Además, el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958 (núm. 111 y también ratificado por nuestro país), prohíbe, entre otras, la discriminación con motivo de sexo en el empleo y la ocupación (C. 111, art. 1). Ambos, también poseen jerarquía superior a las leyes. Cabe considerar además las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que constituyen una guía o pauta de interpretación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer. La Recomendación General nro. 19, de 1992, declara que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de ser mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. La Recomendación General nro. 35, de 2017, indica que la violencia de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados, violencia que constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en la Convención (apartado 10). Reseñada la normativa constitucional e internacional y las definiciones que emanan de la misma, en el orden local cabe destacar que nuestra Ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia las personas trabajadoras por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad (art. 17) y garantiza el principio de igualdad y la prohibición de discriminar en el empleo fundada en el sexo o en el estado civil (arts. 17, 72, 81, 172, 178, 181 y 187). 

Por su parte, la ley 23.592, dispone que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Considera particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Además, resulta de fundamental importancia la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que tiene por objeto, entre otros, promover y garantizar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, como también la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder. Define la violencia contra las mujeres como ".toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.", (art. 4) La relación desigual de poder no solo cabe vincularla a situaciones o estructuras jerárquicas en el que la víctima ocupe un lugar subordinado sino que se relaciona con aquellos patrones socioculturales que promueven la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Expresamente prescribe que la violencia laboral contra las mujeres es aquella que las discrimina en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, el quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función y el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral (art. 6c). Esta definición obviamente no excluye que pueda considerarse violencia la sufrida por la mujer en el ámbito de trabajo, de acuerdo a la definición del art. 4, aún cuando la misma no sea dirigida a lograr los fines señalados. En definitiva, toda la normativa internacional y la legislación nacional descritas, tiene por objeto la protección y la promoción del respeto a los derechos a la igualdad de trato, a la no discriminación, a la eliminación de toda forma de violencia, a un ambiente laboral sano, consagrando como derecho fundamental de toda persona que trabaja a que lo haga en condiciones dignas y decentes. Y pretende erradicar todo comportamiento que suponga cualquier forma de violencia o discriminación por razón del género, que afecta derechos fundamentales especialmente tutelados. Los hechos probados en la etapa anterior, llevados a cabo por el empleador G. F. C, constituyen actos de violencia hacia su dependiente que cabe calificar como conductas ilícitas reprochadas por toda la normativa reseñada.

Se constituyen en actos agresivos y violentos, que atentan contra la salud, la libertad, la integridad y comprometen la dignidad humana de la trabajadora, afectando su derecho a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas y equitativas, decentes, sanas y seguras, todos ellos derechos personalísimos por atacarse a la persona humana misma, al someterla a una situación hostil, humillante, vejatoria, que no debe ser consentida. Cabe recordar aquí que la obligación del empleador era precisamente el tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de las y los trabajadores, mientras se encuentran cumpliendo sus tareas (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT; 14 "bis" CN) debiendo evitar los https://notificaciones.scba.gov.ar/InterfazBootstrap/textonotificacionimprimir.aspx?idnot=102091827&fecha=2&codNotif= 10/30/24, 2:14 p.m. efectos perniciosos de un ambiente de trabajo insalubre, obligaciones que derivan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad, debiendo tomar las medidas que correspondan en resguardo de la integridad de sus empleados (art. 62 de la LCT). C. no sólo no cumplió tal deber, sino que atentó contra el mismo, violó la normativa tanto nacional como internacional que garantiza condiciones dignas y equitativas de trabajo, el derecho a un ambiente de trabajo libre de toda clase de violencia, sin agresiones, hostigamientos o humillaciones tanto físicas como verbales o psicológicas, la prohibición de toda forma de discriminación por razón de género, de todo acto que tenga por objeto o resultado la afectación de la integridad, la libertad, la dignidad o la salud o la seguridad personal (arts. 14 "bis", 16 y 75 inc. 22 de la CN, Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém do Pará- ratificada por ley 24.632, Convenios 111 y 190 de la OIT, ley 26.485 de protección integra a la mujer; art. 17 de la L.C.T., Recomendaciones del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer nros. 19 y 35; 62, 75 L.C.T.; art. 4 L.R.T.).

Por todo lo expuesto, considero que en tanto los hechos protagonizados por la demandada, alegados y probados en autos, resultan actos reprobados por nuestro ordenamiento jurídico, que afectan derechos humanos fundamentales de la trabajadora, claramente constituyen injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo  laboral, de acuerdo a lo normado por el art. 242 de la L.C.T., resultando en consecuencia justificado el despido decidido por la trabajadora.

El accionado sostuvo que se omitió en la comunicación describir detalladamente los hechos, relatando circunstancias de fecha, hora y lugar, elementos que, según afirma, la actora no indicó, siendo sus manifestaciones amplias y vagas, lo que afectó su derecho de defensa. En mi opinión, la comunicación del distracto efectuada por la trabajadora cumple con los requisitos dispuestos por el art. 243 de la L.C.T. que exige la "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato"

La Suprema Corte de Justicia provincial ha precisado que la ratio del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo tiende a tutelar la buena fe y el derecho de defensa, a fin de que las partes tengan conocimiento preciso de los motivos que determinan la finalización de la relación laboral, por lo que corresponde merituar en cada caso el conocimiento real, por parte del destinatario de la comunicación extintiva, del hecho en que ésta se funda. SCBA LP L 107841 S 29/05/2013 (SD) Ante la gravedad de los hechos protagonizados por el demandado, que han quedado acreditados en el caso, es indudable, a mi modo de ver, que no podía desconocer o ignorar exactamente a que hechos se refería la trabajadora cuando señaló "la tentativa de ejercer violencia física sobre mi persona, los agravios, insultos y amenazas practicados por usted". De modo que considero que de ninguna manera se afectó su derecho de defensa o la buena fe y por lo tanto reitero que la comunicación rescisoria satisface en el caso los requisitos establecidos por la norma citada. Consecuentemente, debe hacerse lugar a la indemnización por despido injustificado, la de falta de preaviso y su integración (arts. 231, 232, 233, 242, 245 y 246 de la L.C.T.) También debe prosperar la indemnización sustitutiva de vacaciones proporcionales. En el veredicto se estableció que percibió por tal concepto la suma de $ 661,27. Teniendo en consideración el tiempo trabajado en las dos últimas temporadas (2019/2020 y 2020/2021) hasta su despido -15 de enero de 2021, 196 días-, correspondían, en proporción a ello, 7.51 días de vacaciones, lo que equivale a $ 20.738,21 ($ 69.035,33/25x7.51). En consecuencia el rubro debe prosperar por la diferencia que asciende a $ 20.076,94 (art. 150, 154 y 156 de la

LCT). No habiéndose acreditado su pago, resulta también procedente el sueldo anual complementario de 2019 (por los 93 días que se reclaman), de 2020 (por los 113 días reclamados), proporcional de 2021 (15 días) y los haberes del mes del despido (15 días) (arts.74, 103, 123 LCT). De acuerdo a los hechos establecidos en el veredicto (1ra. cuestión), deben prosperar igualmente las diferencias salariales reclamadas. Habiéndose probado que el empleador consignó en su documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, y cumplida la intimación y la comunicación que prevé el art. 11 de la ley 24.013, debe prosperar la indemnización que establece el art. 9 de ese cuerpo normativo. La indemnización debe establecerse en una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde su real ingreso hasta la fecha en que fue registrada. Igualmente, producido el distracto en los plazos que prevé la norma, debe prosperar la duplicación indemnizatoria prevista en el art. 15 de dicha ley. También debe tener andamiento el reclamo del incremento indemnizatorio establecido por el art. 2 de la Ley 25.323, toda vez que del veredicto surge demostrado que la trabajadora intimó el pago de las indemnizaciones derivadas del despido sin que se abonaran. Exigir para su procedencia, que el empleador se encuentre en mora al momento de efectuar la intimació de las indemnizaciones derivadas del despido, como pretende el accionado, se traduciría en un excesivo rigor formal, cuando surge acreditado que a la fecha no abonó las mismas. La trabajadora intimó la entrega de la certificación de sus servicios, sin que la accionada hubiera cumplido con tal obligación, toda vez que el que acompañó no refleja las verdaderas circunstancias de la vinculación (art. 80, L.C.T.; dto. 146/01). Aun cuando la trabajadora no haya efectuado su intimación en los plazos que determina el decreto 146/01, estimo que ante la respuesta recibida, en la que se desconocieron las verdaderas circunstancias de la relación y se rechazó el requerimiento a registrarla adecuadamente, no resultó necesario el esperar dicho plazo, pues eventualmente es evidente que no se cumpliría adecuadamente con esa obligación, lo que en definitiva sucedió en el caso. En razón de ello, debe hacerse lugar asimismo a la indemnización establecida por el art. 80 de la L.C.T. También debe prosperar, teniendo en cuenta la fecha en la que se produjo el distracto, la duplicación indemnizatoria prevista por el decreto 34/19.

La actora intimó el pago de los conceptos salariales adeudados y se ha emplazado en autos a la accionada para que al tiempo de contestar demanda los satisfaga, lo que no ha hecho, por lo debe hacerse lugar a la sanción procesal del art. 53 "ter" de la ley 11.653. En suma, la demanda deberá prosperar por los siguientes conceptos e importes, teniendo en cuenta para aquellos rubros de naturaleza indemnizatoria, la mejor remuneración mensual devengada por la actora, con la incidencia del s.a.c. (...)

Por todo lo expuesto, propicio hacer lugar íntegramente a la demanda interpuesta por T. M. M. contra G. F. C., por la suma de .............. (Arts 74, 80, 103, 121, 122, 123, 155, 156, 242, 245, 246 y concds de la LCT; art. 2 Ley 25.323; art. 53 ter de la ley 11.653, 67 de la ley 15.057; DNU 34/19). Finalmente, considero pertinente señalar, que aun cuando en el caso se han comprobado los hechos protagonizados por el demandado, que constituyen actos de violencia laboral y de género, como afirmó la actora en su reclamo, que son categóricamente reprochados por nuestro ordenamiento jurídico (arts. 14 "bis", 16 y 75 inc. 22 de la CN, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém do Pará- ratificada por ley 24.632, Convenios 111 y 190 de la OIT, ley 26.485 de protección integra a la mujer; art. 17 de la L.C.T., Recomendaciones del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer nros. 19 y 35; 62, 75 L.C.T.; art. 4 L.R.T.), la actora ha optado por no reclamar en este fuero los daños que ello le ha ocasionado, sino que ha efectuado su reclamo en este aspecto, en sede Civil y Comercial, por lo que no corresponde efectuar un pronunciamiento al respecto.II.- Actualización monetaria e intereses: La actora ha planteado al promover la demanda la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la actualización de créditos - demanda puntos XIII-. La Suprema Corte de Justicia provincial, en la causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", ha declarado la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias, disponiendo que tal descalificación ha de proceder en cada caso, en la medida en que el mantenimiento del criterio anterior sustentado por el Superior Tribunal con eje en la regla prohibitiva del art. 7º de la ley 23.928, en su cotejo con una alternativa plausible de conservación del capital con arreglo a índices u otro método de actualización equivalente, tratándose de una deuda dineraria, fuere generadora de un menoscabo a los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico; llevare a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio.

Precisó que el juez o tribunal interviniente será quien establezca el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, de modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio. En el caso de autos, la tasa de interés que determina la aplicación de la tasa pasiva digital que establecía la anterior doctrina legal de la SCBA elaborada con sustento en la regla prohibitiva del art. 7º de la ley 23.928, cotejada con el índice RIPTE, que estimo procede utilizar, teniendo en cuenta la índole del conflicto y la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha originado, con más un interés a tasa pura del 6 % anual, determina una diferencia objetiva más que apreciable en perjuicio del acreedor. En efecto, tal tasa de interés representa en el caso un total acumulado de 230,21 % mientras que el referido índice representa un incremento del 1.516 %.

Ello justifica su cuestionamiento constitucional ya que determina un menoscabo desproporcionado, lesivo del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio, por lo que en consecuencia, corresponde declarar en el caso la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 7 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (arts. 1º, 17, 18, 33 y concordantes de la Constitución Nacional; y 1, y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Propicio, por lo expuesto, la aplicación del índice RIPTE como mecanismo de actualización de los créditos de autos, con más un interés puro equivalente al 6 % anual. En atención a ello, estimo abstracto el tratamiento de la aplicación de la tasa de interés solicitada en los puntos IX y X de la demanda. Para el caso de ser recurrida la presente sentencia o de incumplimiento de la misma, el capital adeudado deberá ser actualizado mediante el índice y con más el interés señalados. Así lo voto (arts. 168, 171 y cc. Constitución Provincial y art. 54 inc. d ley 15.057). A la primera cuestión el doctor Quezada, por las consideraciones expuestas por el doctor Laborde, adhiere y vota en análogo sentido. A la misma cuestión el doctor Hernández, por las consideraciones expuestas por el doctor Laborde, adhiere y vota en análogo sentido. A la segunda cuestión planteada el doctor Laborde dijo: Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales allí referidos corresponde hacer lugar íntegramente a la demanda incoada por T. M. M. contra el demandado G. F. C. condenándolo a pagarle, la suma de Pesos.........dentro de los diez días de notificado, en concepto de indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, integración, haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, diferencias salariales, indemnización y duplicación establecidas por los art. 9 y 15 de la ley 24.013 respectivamente, incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323, indemnización prevista por el 80 de la L.C.T., duplicación prevista por el DNU 34/19 y sanción procesal del art. 53 "ter" de la ley 11.653. (Arts. 74, 80, 103, 121, 122, 123, 155, 156, 242, 243, 245, 246 y cc. de la LCT; art. 2 Ley 25.323; art. 53 ter de la ley 11.653, 67 de la ley 15.057; DNU 34/19; arts. 14 "bis", 16 y 75 inc. 22 de la CN, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém do Pará- ratificada por ley 24.632, Convenios 111 y 190 de la OIT, ley 26.485 de protección integra a la mujer; art. 17 de la L.C.T., Recomendaciones del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer nros. 19 y 35; 62, 75 L.C.T.; art. 4 L.R.T.). (.....)Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y actualizar las sumas por las que prospera la demanda por depreciación monetaria conforme la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) con más un interés compensatorio que se calcula a una tasa del seis por ciento (6%) anual (artículo 767 del Código Civil y Comercial), desde la fecha en que tales sumas se devengaron y hasta la de esta sentencia. Totalizando de esta manera el monto de condena que contiene la misma entre capital, actualización monetaria e intereses la suma de Pesos .....

Para el caso de ser recurrida la presente sentencia o de incumplimiento de la misma, el capital adeudado deberá ser actualizado mediante el índice señalado, con más el interés a una tasa del 6 % mensual y hasta su efectivo pago Corresponde intimar a la demandada a entregar a la actora la certificación de sus servicios, de acuerdo a los hechos probados en autos (artículo 80 L.C.T). Estimo -conforme el art. 277 de la LCT modificado por la ley 24.432-, los honorarios de los dres. Celeste Daniela Rivas Mateo, letrada apoderada de la actora en la cantidad (...)

Así lo voto (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Provincial y art. 54 inc. d ley 15.057). A la primera cuestión el doctor Quezada, por las consideraciones expuestas por el doctor Laborde, adhiere y vota en análogo sentido. A la misma cuestión el doctor Hernández, por las consideraciones expuestas por el doctor Laborde, adhiere y vota en análogo sentido. Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (art 5. II Anexo Único Ac. SCBA 3975/20).

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SENTENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

(...) RESUELVE:

I) Hacer lugar íntegramente a la demanda incoada por T. M. M. contra el demandado G. F. C condenándolo a pagarle, la suma de Pesos(...) dentro de los diez días de notificado, en concepto de indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, integración, haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, diferencias salariales, indemnización y duplicación establecidas por los art. 9 y 15 de la ley 24.013 respectivamente, incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323, indemnización prevista por el 80 de la L.C.T. , duplicación prevista por el DNU 34/19 y sanción procesal del art. 53 "ter" de la ley 11.653. (Arts. 74, 80, 103, 121, 122, 123, 155, 156, 242, 243, 245, 246 y cc. de la LCT; art. 2 Ley 25.323; art. 53 ter de la ley 11.653, 67 de la ley 15.057; DNU 34/19; arts. 14 "bis", 16 y 75 inc. 22 de la CN, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém do Pará- ratificada por ley 24.632, Convenios 111 y 190 de la OIT, ley 26.485 de protección integra a la mujer; art. 17 de la L.C.T.,

Recomendaciones del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer nros. 19 y 35; 62, 75 L.C.T.; art. 4 L.R.T.). II) Imponer las costas al demandado G. F. C. (art. 24 Ley 15.057, 68 CPCC). III) Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y actualizar las sumas por las que prospera la demanda por depreciación monetaria conforme la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) con más un interés compensatorio que se calcula a una tasa del seis por ciento (6%) anual (artículo 767 del Código Civil y Comercial), desde la fecha en que tales sumas se devengaron y hasta la de esta sentencia. Totalizando de esta manera el monto de condena que contiene la misma entre capital, actualización monetaria e intereses la suma de Pesos (....) IV) Para el caso de ser recurrida la presente sentencia o de incumplimiento de la misma, el capital adeudado deberá ser actualizado mediante el índice señalado, con más el interés a una tasa del 6 % mensual y hasta su efectivo pago. V) Regular -conforme el art. 277 de la LCT modificado por la ley 24.432-, los honorarios de los dres. Celeste Daniela Rivas Mateo, letrada apoderada de la actora en la cantidad de (...) VI) Intimar a la demandada a entregar al actor la certificación de sus servicios, de acuerdo a los hechos probados en autos (artículo 80 L.C.T). VII). REGÍSTRESE. PRACTÍQUESE LIQUIDACIÓN POR SECRETARÍA. NOTIFÍQUESE."

Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa nº 103.965, caratulada: "M., T. M. C/ C., G. F. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Dres. Mauricio Janka y Leandro Adrián Banegas (Juez subrogante conf. Ac. 3428 y Ac. 4129 SCBA, Vinc. NE 319/22), quien integra el Tribunal.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

Primera cuestión: ¿Proceden los recursos de apelación contra la sentencia del 08.03.2024?

Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:

I. Contra la sentencia del 08.03.2024, fueron interpuestos los recursos de apelación del 15.03.2024 -parte demandada- y del 11.03.2024 -parte actora-. Concedidos libremente, se sustentaron con los agravios expresados el 25.04.2024 y el 16.04.2024, respectivamente. El primero recibió la réplica del 20.05.2024 y el segundo la del 13.05.2024.

II. El 30.05.2022, T. M. M. promovió demanda contra G. F. C., por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de agresiones verbales y físicas constantes recibidas de aquél, durante un vínculo laboral desarrollado en un contexto de violencia de género que fue objeto de investigación en sede penal.

Refirió que, en marzo de 2019, comenzó a trabajar como camarera en relación de dependencia con del demandado, en un local comercial destinado al rubro gastronómico, siendo agredida frecuentemente por C., quien la obligaba a vestir polleras cortas, maquillarse para agradar a clientes y proporcionarles su número de teléfono si le era requerido. Relató un episodio puntual de violencia verbal y física, que habría tenido lugar el 12.01.2021.

Se explayó sobre el estado de extrema vulnerabilidad psicológica y moral que le generó la situación, con incidencia directa en lo que llamó su proyecto de vida.

Reclamó como indemnización el daño emergente -por tratamiento psicológico con anterioridad y con posterioridad a la demanda-, gastos por tratamientos psicológicos futuros, daño extrapatrimonial, psicológico y al proyecto de vida.

El 04.08.2022, G. F. C., previa negativa general y particular de los hechos y desconocimiento de la documental adjunta, contestó la pretensión.

Refirió que la relación se desarrolló normalmente, en un contexto de respeto mutuo, dentro del marco normativo vigente en cumplimiento de las obligaciones laborales que le correspondían, sin que la parte actora efectuara reclamo alguno por maltrato. Que ella “armó” deliberadamente en su contra una causa penal, con elementos probatorios cuya autenticidad negó o cuestionó, declaraciones testimoniales contradictorias e interesadas de compañeros de trabajo de esa época, con la intención de obtener indemnizaciones elevadas.

Explicó que en enero de 2021, la actora incumplía sus obligaciones, desafiaba y/o desoía órdenes, originando un ambiente laboral que no era el mejor. Que su accionar no fue intencional sino proporcional a las agresiones, desplantes e incumplimientos laborales que no comenta la contraria.

III. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, para lo cual dijo analizar la cuestión a la luz de la perspectiva de género, pues normas de fondo exigen que los casos se resuelvan según leyes y tratados de derechos humanos vigentes, principios y valores, que surgen de su interpretación armónica y coherente (arts. 1 y 2 CCyC).

Que dicha perspectiva se transforma en una herramienta esencial para eliminar desigualdades creadas a partir de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir del sexo biológico. Es una de las medidas especiales destinada a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, a fin de garantizar una igualdad real por sobre la meramente formal (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-) y modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para alcanzar la eliminación de prejuicios, prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole basadas en la idea de superioridad o inferioridad, o en funciones estereotipadas de cualquiera de los sexos (art. 5 a, CEDAW).

También indicó resolver a la luz del art. 1710 del CCyC, sobre el deber general de no dañar.

Tuvo por demostrado -fundamentalmente a partir de los elementos de la causa penal- que, en enero de 2021, el accionado amenazó y amedrentó a M. según prueba testimonial, informe victimológico de la perito psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima de Pinamar, videos obtenidos de la red social Facebook, actas de registración de videos fílmicos; que efectuaba constantes amenazas hacia ella y otras mujeres con quienes mantenía relación laboral, desde su superioridad en forma de gritos, insultos, malos tratos y amenazas.

Condenó al demandado a abonar $ 4.200.000,00, más intereses del seis 6% anual desde el hecho -que determinó como ocurrido el 12.01.2021- hasta el dictado de la sentencia, y a partir de allí, según la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.

Ello en concepto de gastos por tratamientos psicológicos futuros ($ 300.000,00), daño extrapatrimonial ($ 3.000.000,00) y psicológico ($ 900.000,00). Desestimó el daño emergente por tratamiento psicológico anterior y posterior a la demanda y daño al proyecto de vida.

IV. 1. La parte demandada se agravia por cuanto la cuestión fue abordada desde la perspectiva de género, apartándose el juez del fundamento jurídico de la pretensión, cuando no estaba llamado suplirlo.

Señala que (el juzgador) se remitió a elementos probatorios de la causa penal, donde precisamente se desestimó un recurso que pretendía que se agravara la sentencia por “violencia de género”; con lo cual es una incongruencia lo que resolvió desde que las constancias penales quedaron incorporadas a estas actuaciones. Indica que no existió sentencia penal condenatoria, sino acuerdo de juicio abreviado de un año de prisión de ejecución condicional.

Se agravia porque el juzgador recurrió a prueba producida en sede penal, como la testimonial, que no pudo controlar tratándose de testigos alcanzados por las generales de la ley, en conflicto laboral con su parte.

Que el juez no hizo referencia a la prueba producida en este expediente.

Dice agraviarse de la no valoración de la prueba confesional de la parte actora, en la que reconoció su postura al negarse a contestar gran parte de las posiciones. A pesar de la advertencia del juez, éste no lo hizo jugar en contra de la absolvente al momento de pronunciarse.

Se agravia porque el juzgador consideró que la indemnización es deuda de valor cuando lo reclamado fue dinero, vulnerando su derecho de defensa y el principio de congruencia.

Se queja por los montos de condena indexados sin declarar inconstitucional la ley de convertibilidad, que dispone e impone un valladar para su aplicación.

Cuestiona la concesión de la suma de dinero por tratamientos psicológicos futuros, porque la parte actora reconoció padecer dolencias psicológicas desde antes de la relación laboral.

En cuanto al daño extrapatrimonial, señala que es desproporcionado, dado que fue solicitada la suma de $ 1.400.000,00 y se lo condenó a abonar $ 3.000.000,00.

En cuanto al daño psicológico, precisa que no existe prueba de que la parte actora lo haya sufrido y que se recurre a una pericia hecha en otro expediente, bajo otras circunstancias.

2. La parte actora indica que el caso tiene origen en una serie de conductas intencionales, al haber el demandado ejercido violencia psicológica, intentar violencia física, haberla humillado y amenazado de muerte, lo que causó grandes consecuencias morales y psicoemocionales sobre su persona y la ruptura del vínculo laboral, provocando la frustración del proyecto que tenía; pues, con el dinero ahorrado por su trabajo, se matricularía en la carrera de arquitectura en la Universidad Argentina de la Empresa.

Que se solicitó en demanda $ 6.339.964,00 o lo que en más o en menos resulte de las constancias de la causa y pruebas a producirse, con su actualización monetaria e intereses, peticionando también que se falle con perspectiva de género.

Indica que la obligación legal de juzgar así, no sólo implica la mención sino su real aplicación al mesurar daños y establecer la tasa de interés, en favor de una reparación plena y eficaz, y de no beneficiar al demandado contra el compromiso del Estado frente a la comunidad internacional. En ese orden, se agravia del rechazo del rubro “daño al proyecto de vida”, de lo exiguo del monto por “tratamiento psicológico futuro”, “daño psicológico” y tasa de interés, todo sobre lo cual me explayaré en su oportunidad.

V. En el tratamiento del planteo de la parte demandada -quien lo primero que pone en tela de juicio, es el abordaje desde la perspectiva de género- considero válido partir de que la reclamante describió e identificó los hechos que originaron los daños: episodios de violencia por parte del demandado, traducidos en insultos, gritos, amenazas, situaciones de humillación; expuso los hechos de violencia denunciados en el fuero penal y la merma individual que le habrían generado.

Eso es suficiente para que el juez aprecie y subsuma jurídicamente esa problemática, como actividad que le es propia y que no es más que la aplicación del principio que se identifica con el aforismo latino iuria curia novit [el juez conoce el derecho], en razón del cual debe calificar jurídicamente los hechos con independencia del derecho invocado, en tanto y en cuanto no se afecten aquéllos o se tergiverse la naturaleza de la acción (SCBA L 100040, sent. de 21.12.2011).

Específicamente, en relación a la mirada que debe tenerse respecto a cuestiones signadas por la diferencia de género, los jueces y las juezas tenemos un doble deber, según la armónica aplicación de diversas normas internacionales y locales, entre las que se destacan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Belem Do Pará"), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ("CEDAW"), la ley 26.485 -destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres- y el Código Civil y Comercial de la Nación.  

Juzgar con perspectiva de género implica, por sobre el encuadre de las partes, el esfuerzo intelectual de comprender en el caso concreto, la complejidad -social, cultural, laboral, económica, etc.- entre mujeres y varones para visualizar situaciones de opresión de un género sobre otro, basadas en una relación de desigualdad.

Perspectiva a ser aplicada aun cuando los involucrados no la hubieran contemplado en sus alegaciones.

Numerosos instrumentos internacionales, ya desde hace muchos años, han logrado que se visibilice la violencia de la que son objeto las mujeres. Así, la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” -de 1979- y la “Convención de Belem do Pará" o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" -adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994, ratificada por la República Argentina el 5 de julio de 1996 y convertida en ley nacional 24.632-, son ejemplos de ello.

El derecho positivo interno sumó otras disposiciones, como la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (ley 26.485, sancionada el 11.03.2009), a esa tutela especial; al igual que lo han hecho muchas otras leyes emitidas por las legislaturas provinciales.

En ese marco, los jueces y las juezas no cuentan sólo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte, ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 ley 26.485).

La guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género, publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en marzo de 2024, indica que debe hacerse un doble abordaje para identificar los casos en los que resulta obligatorio juzgar la controversia con perspectiva de género. Por un lado, se debe identificar al tipo de personas a las que está orientada esta herramienta; y por otro, el tipo de casos que imponen la necesidad de recurrir a ella, siendo valioso recordar que la perspectiva de género no sólo es necesaria en casos relativos a mujeres. Lo fundamental no es el género de las personas implicadas, sino identificar y verificar la existencia de una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el género, a lo que sin dudas no escapa el supuesto de autos.

En definitiva, en modo alguno se vulnera el principio de defensa en juicio o el principio de congruencia, por la forma en que el juez considera los hechos probados, ni el derecho en que los encuadra, lo que es propio de su lectura en clave de convencionalidad. Y ello tanto para lo que hace al fondo de la cuestión (procedencia de la indemnización), como a la cuantificación de los rubros que corresponda en su momento analizar por esta alzada.

Se diluyen aquí los primeros fundamentos del embate recursivo de la parte demandada, quien, por otra parte, limita su queja a la posibilidad del sentenciante de abordar la cuestión desde dicha óptica, sin comprometer otro pilar igualmente fundamental del fallo como lo ha sido la violación del deber general de no dañar a otro; vértice desde el cual no aporta ninguna justificación idónea que autorice una mayor revisión sobre el encuadre legal de la acción (art. 260 del CPCC).

En el avance de las cuitas, aduce que el juez se remite a elementos probatorios de la causa penal, donde justamente se desestimó un recurso que pretendía que se considere la violencia “por el género” como agravante; lo que no constituye obstáculo alguno para valorar la situación del modo en que lo fue, a la luz de los parámetros señalados.

Por otra parte, como bien dice el recurrente, las constancias penales quedaron incorporadas al trámite de estas actuaciones. Así que, los elementos de prueba que de ella surjan, son susceptibles de ser valorados en toda su extensión; máxime ante la amplitud probatoria favorable a la víctima, de allí la relevancia de juzgar desde la perspectiva de género (arts. cit.).

Allí se tuvo por probado, en relación a T. M. (conf. sentencia penal condenatoria obrante al 07.02.2024), que C. la amenazó refiriéndole textualmente: “...Sos muy turra eh! Te voy a cagar a trompadas! Lo que querés lograr es eso? Querés lograr eso? Querés lograr eso? Tomátelas boluda de mierda…” (sic), logrando amedrentarla durante el desarrollo de su jornada laboral. En otro momento la interrumpió diciéndole: "…sos una mete puas, querés traer problemas a mi relación con Josefina, te voy a cagar a trompadas hija de puta, andate a la mierda…” (sic), ella se paraliza e intenta retirarse del lugar y es donde G. la increpa tirándole un golpe de puño, momentos en que ella corre y éste no logra pegarle (informe de actuario de fecha 14.01.2021, donde consta el desgrabado de un video publicado en las redes sociales).

Ello es concordante con los dichos de la testigo V., quien relató que él le decía a T.: "…estúpida, tarada, idiota, inútil, te voy a reventar la cabeza…" (sic) “…mi empleador estaba sacado, que le quería pegar a Tamara, estaba como con ira y constantemente la insultaba, diciéndole estúpida, tarada te voy a cagar a trompadas…”, “…esta pendeja de mierda, menos mal que se fue…” (sic).

Pero más allá de las constancias penales valoradas en la instancia anterior, que dieron sustento a la condena de Cinque como autor penalmente responsable del delito de amenazas reiteradas hacia mujeres con las que mantenía relación laboral, a partir de varias testimoniales recabadas que dan cuenta de su forma de manejarse y dirigirse para con sus empleadas; lo cierto es que en esta sede civil también se produjo testimonial, que contó con el control de la parte demandada. Y adelanto que su apreciación me lleva -lejos de apartarme de la conclusión apelada- a convalidar lo antes dicho.

La testigo Vallo -v. audiencia de vista de causa del 02.03.2023- relató que M.  fue víctima de violencia en el ámbito laboral, que “…siempre fue violento, siempre más con Tamara, todo era peor con T.…”, “…me cansé y lo filmé…”, “…un día llegó a rebolearle una botella (…) me podría pasar a mí y todos hacer oídos sordos como le pasó a T.…decía que era una pendeja de mierda…”, “…era así con todos, pero especialmente con Tamara…”, “…me consideré despedida por telegrama pero no inicié conflicto laboral…”, “…lo que filmé porque era habitual, me cansé, así se manejaba con T. en general, le quiso pegar, no entendía nadie por qué, le pedía que se comprara pintalabios y era normal que insultara más a las mujeres por ser mujeres nada más…”, “…ese día le quiso pegar, lo que llamó la atención porque más de un estúpida tarada inútil no pasaba…”, “…le hablaba con bronca, con cizaña, era inexplicable…”, “…ella no se desubica nunca, es amable, siempre un tono suave… su forma de manejarse era insultando, mucha gente se fue (…) todo el tiempo pedía que se pinten los labios, él mismo les compraba pintalabios y había que seguirle la locura…esas agresiones eran más para mujeres que para los hombres, totalmente… ” (sic).

La testigo Alonso contó que trabajó en el mismo lugar como camarera con ambas partes y que: “…ya dos años antes del video hubo varias situaciones de violencia verbal y psicológica (…) T. quedó afectada emocional y económicamente, no pudo anotarse en la facultad (…) iba a estudiar (…) la violencia era permanentemente con ella, lo presenciaba todos los días antes del video ese…”, “…eran gritos constantes por nada, sacudidas del brazo, a T. a sobre todo, le pedía que use maquillaje…” (sic).

Lo relatado evidencia situaciones de violencia verbal, emocional, psicológica, física (gritos, insultos, amenazas), alusiones estereotipadas en el entorno laboral para con la parte actora, resultando los testimonios coincidentes con las situaciones manifestadas por ella, que incluso he de valorar de manera especial conforme al enfoque de género. Ello implica, sobre todo, liberándose de los prejuicios referentes a cómo deberían haber actuado las víctimas (estereotipo de la víctima ideal), entendiendo la dinámica misma de la violencia y las relaciones de poder que pueden existir entre la víctima y el agresor, entre otros factores. Los esfuerzos de la autoridad judicial han de concurrir para la obtención y aseguramiento de otras pruebas (guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; punto IX).

Incluso, aquellos testimonios corroboran los elementos de la causa penal sobre lo acontecido, que por otra parte no han sido objeto de crítica concreta y razonada al limitarse el impugnante a expresar afirmaciones generales y abstractas respecto de “la sede” en que se produjo cada prueba (art. 260 del CPCC).

Por otro lado, dice el recurrente que el juez no valora la prueba confesional, en la que la parte actora reconoció su postura defensiva al negarse a contestar gran parte de las posiciones, a pesar de la advertencia del sentenciante. Que luego, éste no hizo jugar la confesión en contra de la actora.

Según la audiencia de vista de causa del 02.03.2023, al disponerse a absolver posiciones, claramente la víctima dijo no estar en condiciones de rememorar lo acontecido y adelantó que, en caso de ser formuladas, no las contestaría. Sin embargo, el juez permitió la formulación cuando, en mi opinión, debió -frente a la situación y a lo expresado por la absolvente- no dejar avanzar con la producción de esa prueba, evitando la revictimización.

Con lo cual, sobre la base de la mirada especial que corresponde, en modo alguno cabe considerar el reconocimiento de los hechos que pregona el apelante.

Las posiciones a las que fue innecesariamente sometida, se refirieron a una serie de hechos y circunstancias privadas de la mujer, que nada tienen que ver con el caso, aun cuando el juez dijera que “…debía establecerse la dimensión del daño…” (sic).

Por ejemplo, si la mujer consumía alcohol, si antes de la relación laboral había sido sometida a algún tipo de violencia, si su pareja la maltrataba, si había sufrido en algún momento acoso escolar, si había padecido trastornos psicológicos, etcétera; todo lo cual conforma un panorama signado por estereotipos, que buscan establecer una calificación sobre alguna conducta anterior o actual de la víctima, que dejan al descubierto no sólo la revictimización aludida a la que fue sometida, sino lo inapropiado de las posiciones.

Esa revictimización es consecuencia de inadecuadas prácticas que provienen de las instituciones y es un resultado directo, aunque no exclusivo, de la violencia institucional que incluye acciones u omisiones del Estado.

Algunas de las causas que llevan a la revictimización son las referidas a los estereotipos de género y al cuestionamiento a la víctima en lo que hace a la repetición del relato y/o la minimización de los hechos, conllevando a la descalificación, al descrédito y la falta de empatía respecto de las mujeres como integrantes de colectivos vulnerables.

En la especie, resulta evidente que la línea argumental desandada por la defensa, a tenor de lo manifestado -por ejemplo- en la audiencia de vista de causa o al intentar justificar la conducta de la parte demandada en el incumplimiento de sus órdenes como empleador, resultó guiada por prejuicios y estereotipos, lo que en definitiva operará ahora en favor de la víctima en razón de lo absolutamente infundada.

Entiendo que la perspectiva de género no sólo es un deber ineludible del juzgador al meritar la prueba, sino de todos los operadores del derecho en el ejercicio de cualquiera de los roles que el proceso judicial asigna; impone una nueva mirada, con efectos bien puntuales en el quehacer cotidiano del servicio de administración de justicia.

El órgano jurisdiccional debe saber que, el decreto nº 1011/2010 reglamentario de la ley 26.485, en su art. 3 inc. k, establece que deberá evitarse toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización de las mujeres que padecen actos de violencia de género en cualesquiera de sus manifestaciones, entendiendo por tal el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro” (punto X, La Guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, publicada en marzo de 2024).

Hasta aquí considero que los argumentos recursivos del apelante no son idóneos para modificar lo resuelto en la instancia anterior, razón por la cual propondré su desestimación.

VI. Indemnización.

a. Se agravia la parte demandada porque el juez consideró que la indemnización se trata de una deuda de valor, cuando lo reclamado fue dinero. Que así vulneró su derecho de defensa y el principio de congruencia.

Indica que los montos fueron indexados sin declarar inconstitucional la ley de convertibilidad que impone un valladar al respecto.

También dice que los valores de condena exceden los reclamados y fueron repotenciados al determinar la cuantía al momento de dictar sentencia.

b. En primer lugar, por haber sido reclamadas las sumas indemnizatorias bajo la expresión o reserva: “…o lo que en más o en menos resulte de las constancias de la causa y de las pruebas a producirse con su respectiva actualización monetaria…“ (sic) (v. apartado III del escrito inicial del 30.05.2022), los montos expresados no actúan como tope al dejarse librados a la valoración del sentenciante, según las circunstancias comprobadas.

Se ha expuesto que el fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada, si la actora exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo a un monto, como ocurre en el caso (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 165 del CPCC) (SCBA, C 122728, sent. del 06.11.2019).

En segundo lugar, corresponde que la cuantificación de los valores de condena se realice al momento del dictado de la sentencia y no a valores históricos, como pretende la apelante (art. 1083 de la ley 340 modificada por ley 17.711; ídem art. 1740 del CCyC).

Ello con sustento en el principio de la reparación plena que deja de lado indemnizaciones que no alcanzan una real satisfacción económica, cristalizadas al momento del daño o de la demanda (CSJN; "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA, C. 59.337, "Quiroga", sent. del 17.02.1998). 

La Suprema Corte local expresó que la indemnización por daños -en la persona o bienes de la víctima- constituye un supuesto típico de deuda de valor (más allá de reclamarse dinero, como entiende el apelante en una interpretación equivocada), agregando que la cuantificación del valor afectado debe ser al momento de dictarse la sentencia, teniendo en cuenta las variaciones intrínsecas y extrínsecas de ese daño, para permitir que el acreedor perciba un crédito que respete su derecho a una indemnización integral.

El cálculo del crédito a valores actuales persigue brindar una respuesta proporcional frente al impacto negativo de factores económicos notorios, lo que no debe confundirse con la utilización de mecanismos de indexación (SCBA LP C 122708 S 30/12/2020).

Estos últimos suponen una operación matemática, en cambio la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo (C. 121.649 "Valentín" sent. de 26-XII-2018; doctr. C. 120.536 "Vera" sent. de 18-IV-2018; C. 121.134 "Nidera” sent. de 3-V-2018; C. 123.297 "Calderón” sent. del 04.11.2020) (art. 772, CCyC).

Con lo cual es dable llevar a cabo dicha adecuación del valor, sin necesidad de plantear y/o analizar antes la constitucionalidad de las normas a que alude el apelante.

Por otra parte, la distinción entre deudas de dinero y deudas de valor -de sólida raigambre en nuestro medio (SCBA causas Ac. 58.663, sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, sent. de 28-X-1997; C. 59.337, sent. de 17-II-1998; e.o.)- es tradicionalmente reconocida por la jurisprudencia.

Se ha señalado como rasgo distintivo de la deuda de valor que, en este tipo de obligaciones y a diferencia de las puramente dinerarias, el dinero no aparece in obligatione (lo debido no es dinero sino un valor) sino in solutione (dicho valor debe traducirse en dinero y pagarse en dinero).

Se debe un valor, pero se paga en dinero; respecto al momento en que corresponde cuantificar el monto debido en esta clase de obligaciones, la Suprema Corte ha mantenido su criterio en punto a que, en los juicios de daños y perjuicios, los jueces se hallan facultados para fijar la cuantía de la indemnización al tiempo de dictar sentencia (doctr. causas C. 101.107, "Albisu", sent. de 23-III-2010 y C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010).

Y contrariamente a lo manifestado por el recurrente, el resarcimiento por daño extrapatrimonial, como otros tantos créditos indemnizatorios, no es más que una típica obligación de valor que, como tal, debe ser cuantificada a la fecha más próxima a la sentencia, en tanto es el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación.

Desde este primer andamiaje, estimo que corresponde también desestimar estos agravios.

1. Daño extrapatrimonial

a. Concedida la suma de $ 3.000.000,00, la parte actora indica que, dentro de este concepto, debió indemnizarse también el proyecto de vida frustrado como consecuencia del actuar reprochable del legitimado pasivo, pues su desarrollo personal se vio afectado no desde la órbita económica sino moral, emocional o espiritual.

Comenta que el Código Civil y Comercial efectúa una distinción entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Que dentro del último está el daño moral y dentro del primero aquellos que le producen una disminución material a la víctima, como el daño emergente, lucro cesante o la pérdida de chance. Pero el daño al proyecto de vida en modo alguno es autónomo y, en los términos solicitados, debió ser valorado en la órbita no patrimonial.

Aduce que no fue su intención probar ningún un impedimento de obtener ganancia o haber comenzado estudios que pudieron generar beneficio económico -como pareció entender el juez al abordar en acápite aparte el “daño al proyecto de vida”-.

Así, teniendo en cuenta que no se reclamó “pérdida de chance” o similar, debió valorarse en la faz extrapatrimonial.

Insiste en que se confunde el juez al interpretar que se reclama un tipo de daño patrimonial, cuando claramente su parte lo incorporó dentro de los daños extrapatrimoniales.

Que el hecho de no haber podido comenzar a estudiar la carrera de arquitectura, como había proyectado, ni siquiera fue mencionado al tratar el daño moral, por lo que difícilmente haya sido ahí apreciado.

Alude conceptualmente a la “pérdida de chance”, para distinguirla del llamado proyecto de vida.

b. Poco he de añadir en cuanto a la conceptualización del rubro “daño moral” que efectuó el sentenciante, sino sólo en lo que lo amerite el agravio.

Labor en la cual debo recordar que el daño a la persona puede tener consecuencias en dos planos de interés jurídico igualmente tutelables (indemnizables): el patrimonial y el extrapatrimonial.

Así, por ejemplo, la afectación estética al igual que la incapacidad -entre otras-, pueden influir en uno u otro aspecto o no, según cada caso particular.

En la mayoría de las ocasiones, distinguir entre conceptos, simplemente facilita el petitorio y/o la apreciación judicial, obra como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión, pero no se trata estrictamente de daños autónomos.

Por ello, nada impide que se bifurquen los conceptos, pero sí debe cuidarse el no indemnizar más de una vez lo mismo.

En relación al daño a un proyecto de vida, cuando se trata de privaciones o sufrimientos que a raíz de ello la damnificada hubiera padecido en sus más altos afectos (plano extrapatrimonial), es dable que sea valorado dentro de esta órbita.

Es útil en ese rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del CCyC, que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona.

Ello sin que implique doble indemnización por la misma causa, pues se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad espiritual que constituye (art. 5-1, Convención Americana sobre Derechos Humanos).

En ese orden, con prescindencia del encuadre nominativo dado por las partes, lo que importa es identificar el daño, categorizarlo y cuantificarlo con realismo; y, en el caso del proyecto de vida, tal como ha sido en este caso reclamado según el escrito de inicio, corresponde que lo sea bajo el daño extrapatrimonial.

La CIDH, en el caso “Loayza Tamayo c/ Perú”, expuso que el daño al “proyecto de vida” se trata de una noción distinta del “daño emergente” y del “lucro cesante”.

Ciertamente, no corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”. Mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones.

El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación.

En el particular, la testigo V. indicó: “…T.  pagaba o estaba intentando arrancar con la universidad con ese dinero y no pudo hacerlo por todo lo que le pasó…” (sic). Al igual que la testigo Cid: “…sé que el suceso la afectó, ella dejó de trabajar en el café donde estuvo después de estar con C., dejó de estudiar, no pudo concretar sus estudios, ella quería empezar una carrera y no pudo hacerlo…” (sic).

La testigo A. dijo: “…quedó afectada emocionalmente y económicamente, no pudo anotarse en la facultad ni empezar a hacerse una casa con la madre (…) sigue teniendo problemas con todos los trabajos, iba a estudiar arquitectura y destinar el dinero para eso, hasta el momento no pudo…” (sic) (v. audiencia de vista de causa del 02.03.2023).

De lo relatado surge bastante claro una disminución en sus posibilidades u opciones de realización personal producto de lo vivenciado, para conducir su vida en cierta medida y alcanzar el destino que se proponía, que suponía un valor existencial no desvirtuado por la contraria.

La guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género -Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, marzo/2024- indica que debe considerarse en la indemnización la pérdida de oportunidades (como empleo, educación), proporcionalmente a la gravedad y a las circunstancias de cada caso (apartado XII sobre reparación integral).

Considero que, a raíz las circunstancias consabidas, quedaron modificados los planes y proyectos de la reclamante, una mujer de 21 años con aptitudes para llevarlos a cabo, impidiendo u obstruyendo seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y alterando con ello en forma sustancial su desarrollo, nada de lo cual fue mencionado por el sentenciante al valorar el daño extrapatrimonial.

El proyecto de M. era trabajar para, con lo producido por su trabajo de temporada, pagar una matrícula y/o inscribirse en una carrera universitaria, por lo cual su frustración u obstaculización debe coadyuvar a la suma concedida por daño extrapatrimonial en tanto se afectó su proyecto, sus posibilidades de comenzar sus estudios, al truncarse la posibilidad culminar la temporada de trabajo rentado.

Por otro lado, la labor pericial psicológica llevada a cabo en autos -17.02.2023- se traduce en un recurso probatorio adicional de relieve. Pues si bien ningún porcentaje o indicador de incapacidad psíquica permanente se ha indicado allí a consecuencia de lo vivenciado, bien puede dar cuenta de un detrimento que enraíza en aspectos extrapatrimoniales, entre los que se encuentran según se informó: los estados emocionales, fluctuaciones anímicas, pensamientos, falta de autoestima, indicadores de desvalorización, dependencia e inseguridad, sobrevaloración del medioambiente, tendencia a la sumisión y al retraimiento y necesidad de protección, cierta dificultad en las relaciones interpersonales, etcétera; atendiendo al contexto de la conducta en el cual emergen y su relación con la situación particular, más allá de los límites normales o del poder de la personalidad para absorber, elaborar y superar la situación lesiva. Todo ello observado e informado por la profesional interviniente al mantener entrevista con la víctima.

Relata la experta que M. comentó que renunció a su último trabajo en el local de Apple, debido a que no se sentía cómoda con el trato recibido por parte de su superior, por lo que estos últimos indicadores podrían estar relacionados con este hecho -dijo- y otros similares vivenciados anteriormente, ya que las situaciones de vulnerabilidad, estrés o nuevos duelos, como lo es el maltrato o la pérdida de un trabajo, pueden hacer resurgir sentimientos y situaciones del pasado no elaboradas y que pueden impedir su evolución en la actualidad.

Circunstancia que evidencia la mentada frustración al proyecto a que alude la apelante.

Por los fundamentos expuestos, estimo que corresponde elevar el monto concedido por el daño extrapatrimonial a la suma de $ 6.000.000,00, que considero equitativa para intentar reparar desde lo económico el perjuicio sufrido bajo este concepto (arts. 2, 1738 y 1741 del CCyC; 165, 375, 384, 474 del CPCC).

Los agravios expuestos por la parte demandada en el punto, quedaron abordados en el acápite anterior, sin que por lo demás sus expresiones alcancen a conformar una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 del CPCC, lo que no amerita mayores disquisiciones.

2. Daño psicológico.

a. El juez otorgó la suma de $ 900.000,00 porque la perito psicóloga refirió en su dictamen del 17.02.2023, haber hallado indicadores de angustia, fracaso en el control de los impulsos, ansiedad, inseguridad, alteración de la imagen corporal, dificultad para defenderse, desequilibrio en funciones básicas del yo, mecanismos defensivos, controles, considerando importante que realice tratamiento.

La parte actora indica lo exiguo y desactualizado del monto, que no se corresponde con una reparación plena y eficaz del daño causado. La parte demandada, que no existe prueba de que la actora haya sufrido daño psicológico, sino que se recurre a la pericia realizada en otro expediente bajo otras circunstancias, de la que tampoco surge lo sostenido en la sentencia.

b. En el abordaje del planteo, para determinar el objeto de la indemnización, diré que el daño psicológico puede definirse como el trastorno psicopatológico, producido o desencadenado por un suceso traumático que da lugar al reclamo de un resarcimiento de quien lo padece al que resulte civilmente responsable del mismo (Travacio, M., “Manual de Psicología Forense”, ed. Universidad de Buenos Aires, año 1997, Buenos Aires).

Como puede verse, su configuración, clasificación, alcances y vinculación causal o concausal con el hecho, exige la intervención de expertos/as con conocimientos especiales sobre aspectos de la salud humana, toda vez que son ajenos a los conocimientos del juez o jueza (arts. 375, 384, 473, 474, CPCC).

Cumplido ello, ninguna duda cabe que el daño debe ser resarcido en orden al principio de la reparación integral (art. 165 del CPCC).

Ahora bien, no todo trastorno psíquico configura un daño indemnizable, porque hay síntomas que, aislados, no constituyen una enfermedad; o aquellos cuadros que -aunque constituyan una enfermedad- no tienen relación causal con el acontecimiento. La enfermedad psíquica que se diagnostique, debe dañar de manera perdurable una o varias funciones del sujeto, como desempeñar sus tareas habituales, acceder al trabajo o relacionarse. No es daño psíquico aquello que no es crónico y/o jurídicamente consolidado.

Los trastornos mentales transitorios son susceptibles de tratamientos y licencias, no de indemnización; en medicina legal, la incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad (“La tarea del psicólogo en la Administración de Justicia”, Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Psicología General-Aportes de la psicología al derecho, contenido módulo 3, pág. 21, año 2020).

Teniendo en consideración lo expuesto y analizado el dictamen del 17.02.2023, observo que no hay elementos que demuestren que la parte actora haya sufrido alteraciones psíquicas consolidadas y crónicas, con secuelas incapacitantes, a consecuencia directa del incumplimiento.

No se ha expresado un porcentaje -o algún otro indicador- de incapacidad permanente, fundado en baremo o tabla de uso legal proveniente del ámbito de la medicina, que permita establecer un grado incapacitante a la patología hallada a la evaluación, con relación causal con el hecho.

Indica la experta que la ciencia psicológica no se puede hablar de certeza en referencia a si un hecho provoca determinado efecto, sino cómo vivencia cada sujeto la situación disruptiva; que no existe en psicología una causalidad lineal entre un hecho determinado y un efecto, sino que van a intervenir entre ambos una multiplicidad de factores asociados y que responden a una persona única e irrepetible, cuyo acontecimiento se inscribirá distinto y singular en cada personalidad.

La profesional se remite a su vez a la pericia realizada el 28.04.2022 en sede laboral (v. 30.05.2022), donde se comentó que en la víctima surgen indicadores de desvalorización, dependencia e inseguridad, sobrevaloración del medioambiente, tendencia a la sumisión, retraimiento, necesidad de protección (…). Que al momento de la evaluación pericial, si bien no se manifiesta psicopatología severa, se evidencian sentimientos ya descritos en puntos precedentes y cierta dificultad en las relaciones interpersonales, que se reflejan en su tendencia a optar por una reacción sumisa ante la autoridad, llevándola en ocasiones a sobreadaptarse a situaciones que generan angustia o ansiedad, ante las cuales responde también con conductas de evasión y retraimiento.

Pues bien, los elementos descriptos no deben confundirse con aquello que hace al daño psicológico indemnizable, porque estas afecciones nada tienen que ver con el rubro que se reclama mientras no desencadenen una patología o secuela incapacitante permanente (arts. 473, 474, CPCC).

En ambas pericias (la del 28.04.2022 y la del 17.02.2023) se consideró que un espacio de terapia psicológica sería beneficioso para que la persona pueda expresar y trabajar sus emociones, disminuir la ansiedad, encontrar nuevas soluciones a los problemas, tomar decisiones positivas, potenciar adecuadamente sus recursos y fortalecer la autoestima, haciendo más saludable su evolución. Y el tratamiento o apoyo terapéutico, indicando un tiempo, importa admitir la posibilidad cierta de recuperación de la paciente.

Ello sin perjuicio de lo considerado en el punto anterior, al evaluar el daño extrapatrimonial, como referí.

En consecuencia, no encuentro justificativo válido para sostener la procedencia de este rubro, reitero, sin perjuicio de la valoración de los indicadores periciales a la luz del concepto anterior. Por lo que propondré al acuerdo, dejar sin efecto la suma indemnizatoria aquí otorgada. 

3. Tratamientos psicológicos futuros

a. Se otorgó la suma de $ 300.000,00 en virtud de lo informado en la pericia psicológica elaborada en estas actuaciones del 17.02.2023, donde se consideró beneficioso un espacio de terapia.

La parte actora se agravia al entender que el monto es reducido, a la vez que el juez no expuso fundamento para así determinarlo.

Que la perito psicóloga en su pericia presentada en sede laboral el 28.04.2022, consideró que será necesario que la actora continúe tratamiento psicológico a razón de una sesión por semana por un lapso no menor a un año; aunque el juez nada de esto tuvo en cuenta.

Indica la apelante que no puede ponerse en duda que las sesiones de psicoterapia son semanales y que el arancel profesional mínimo al momento del dictado de sentencia ascendía a la suma de $ 8.400,00 la sesión, de lo que resulta un costo mensual de tratamiento de $ 33.600,00 y anual de $ 403.200,00 a valores actuales (art. 772 CCyC).

Así entonces, a todas luces lo dispuesto no cubre el tratamiento ni está calculado a valores actuales al momento del dictado de sentencia, como anticipó el juzgador.

Aprecia que, evidentemente, el juez tomó el valor de la sesión informado en la pericia del 17.02.2023.

Pero $ 300.000,00 es el valor cuantificado y peticionado por su parte a mayo/2022, y no congruente con la realidad económica actual.

La parte demandada indica que la damnificada reconoció en las posiciones haber tenido problemas de dicha índole -dolencia psicológicas- antes de comenzar la relación laboral con el demandado.

En consecuencia, no considera justificado asignar un monto de $ 300.000,00.

b. En el abordaje de la cuestión, cabe señalar que los gastos terapéuticos futuros son resarcibles toda vez que, acorde con la índole del padecimiento expuesto por las expertas, es previsible o fundada la conveniencia de realizar o proseguir algún tratamiento para buscar la readaptación de la víctima, según recomendaron luego de valorar las consecuencias del hecho dañoso (arts. 375, 384, 473, 474 del CPCC).

En cuanto a la extensión de la asistencia profesional, tengo que en la pericia del 28.04.2022, elaborada en sede laboral (v. 30.05.2022), se señala la necesidad de realizar un tratamiento psicológico a razón de una sesión por semana por un lapso no menor a un año, estimándose a esa época el costo de una sesión en el ámbito privado entre $ 1.800,00 y $ 2.000,00.

Por su parte, la labor pericial del 17.02.2023 producida en estas actuaciones, da cuenta de que la frecuencia y duración del tratamiento dependerá del/la profesional que lo lleve a cabo y de la capacidad de la paciente para elaborar estas situaciones. En ese marco, estima la experta una duración no menor a seis meses.

En cuanto al costo, informó que el honorario mínimo ético profesional establecido por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires para el año 2023 es de $ 2.628,00 por consulta (ley 10.306), y a partir de allí cada profesional regula sus honorarios.

Dicho lo anterior, a los fines de la cuantificación, estimo que corresponde aplicar una visión amplia a favor de la víctima en el caso particular, y no restrictiva, buscando satisfacer el principio de reparación integral.

Máxime cuanto ambas pericias indican el mínimo de tiempo probable y que no es factible determinar la extensión del tratamiento con exactitud, ya que el avance o el resultado deviene particularmente incierto.

Observo que el juez de grado otorgó la suma de $ 300.000,00 requerida en la demanda, y únicamente citó la pericia del 17.02.2023, que indica sesiones por un mínimo de seis meses.

Dos cuestiones surgen de lo anterior, que me llevan a considerar la modificación del monto.

No explica el sentenciante, ni encuentro razones válidas, para no haber utilizado la labor pericial del 28.04.2022, que indica un año de tratamiento y es más cercana a los hechos analizados, lo que hace presumir que se ha retractado el estado de la víctima con mayor fidelidad y precisión.

Estimo, reitero, con una visión laxa de la situación, que es razonable entonces tomar el lapso de tiempo más largo indicado como mínimo por la perito el 28.04.2022.

Máxime cuando la segunda pericia del 17.02.2023 -justamente a casi un año de la anterior- no indica otra situación respecto del estado de la persona.

Asimismo, el monto concedido concuerda con el reclamado en la demanda de mayo/2022 con lo cual, y sin haberse brindado ninguna otra explicación para la procedencia del rubro, no puede decirse que es actual al momento del dictado de la sentencia.

Tengo entonces por cierto que las sesiones de psicoterapia son semanales, con un tratamiento mínimo de un año, con lo cual estimo que hay elementos razonables suficientes para estar al cálculo indicado por la propia apelante: $ 8.400,00 la sesión al momento del dictado de la sentencia de primera instancia, de lo que resultaría un costo mensual de $ 33.600,00 y uno anual de $ 403.200,00.

En consecuencia, encuentro justificado elevar el rubro a la suma de $ 403.200,00, lo que así dejaré propuesto.

Los agravios de la parte demandada -reconocimiento por confesión de la contraria- ya han quedado abordados en apartados precedentes.

VII. Intereses.

1. La parte actora indica que, teniendo en cuenta que el juez cuantificó el daño psicológico y los gastos terapéuticos futuros a valor histórico, no corresponde la tasa del 6% anual sino la doctrina emanada del caso “Cabrera” de la SCBA. Solicita que, de mantenerse la cuantificación a valores históricos, se revoque la tasa de interés y se fije desde el momento del hecho hasta el dictado de la sentencia la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires o, en su defecto, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago.

2. Dado lo propuesto en relación al rubro daño psicológico que se deja sin efecto y la elevación del rubro gastos por tratamiento psicológico futuro considerando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento apelado, deviene abstracto el tratamiento del planteo. Ello sin perjuicio de señalar que, establecidos los montos a valores actuales, es de aplicación la doctrina legal emanada del Superior Tribunal local, conforme se resolvió en la instancia.

VIII. Medida adicional para prevenir y erradicar actos de violencia basados en el género.

Configurados los presupuestos que justificaron la procedencia de la pretensión y la condena pecuniaria dispuesta, considero adicionalmente necesario adoptar de oficio una posición tendiente a calar de una manera más directa en la problemática que dio origen al reclamo, en orden al deber del Estado de prevenir y erradicar actos de violencia a través de medidas progresivas -por ejemplo- de capacitación, concientización y educación, que modifiquen patrones socioculturales de discriminación basados en el género.

La Recomendación General n° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en virtud del derecho internacional y pactos específicos de derechos humanos (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. ‘b’, ‘d’, ‘f’ y ‘g’ de la Convención de Belém do Pará).

En tal sendero, no puedo soslayar el papel fundamental en nuestro ordenamiento jurídico interno de la ley 26.485, sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Instrumento que robustece el principio de igualdad y no discriminación, de orden público y aplicación obligatoria para los jueces y juezas, dada su transversalidad normativa (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16).

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que la perspectiva de género responde al compromiso que asumió el Estado argentino de actuar con la debida diligencia, no sólo para investigar y establecer procedimientos legales justos y eficaces, sino para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer (arts. cit.; causa P. 134.373 “Farías y Offidani”, Res. del 12.V.2021).

Al mismo tiempo, la existencia de normativa constitucional y convencional específica en determinados campos, concretamente, el sistema de protección especial diagramado a favor de las mujeres en tanto grupo vulnerable, no obsta a la posibilidad de acudir a preceptos del derecho común que amparan el goce de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas (art. 2 del CCyC).

El art. 1710 del CCyC regula la función preventiva en el ámbito de la responsabilidad civil con fundamento en el deber general de evitar causar un daño no justificado a las personas, atravesando el sistema de derecho privado para proyectarse a otras ramas del derecho en cuyo ámbito particular la prevención adquiere relevancia, permitiendo adoptar conductas positivas o de abstención conducentes a prevenir el daño, impedir su producción, continuación o agravamiento.

Así, se proyecta a espacios en los que está involucrada la violencia, poniendo al alcance de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, el combate de la discriminación en situaciones de asimetría de poder con base en el género, en orden a la real operatividad de la obligación de fallar con perspectiva de género. Más aún en este tipo de casos, donde se configura una tutela preventiva reforzada, dado aquel derecho fundamental objeto de protección preferencial.

De esta manera, considero que en el particular están dadas las condiciones para imponer al demandado Guillermo Cinque, una medida de carácter complementario consistente en la realización de un programa o curso de capacitación sobre violencia de género en el marco de un proceso de sensibilización o concientización.

A tal fin, deberá proponer en la instancia de grado -una vez devueltas las actuaciones- una actividad de capacitación que no sea menor a doce horas cátedra con modalidad presencial o virtual, cuyo contenido será especial y estrictamente evaluado por el juez de grado antes de ser llevada a cabo, para verificar que se ciña lo más posible al objeto perseguido: capacitar o educar sobre la prevención de la violencia contra la mujer aspirando a la modificación de patrones socioculturales de discriminación basados en el género.

Una vez que la capacitación sea aprobada en la instancia de grado, la parte demandada deberá acreditar fehacientemente en el expediente y en el término de quince días de notificada la resolución que avale la misma, tanto su inicio como -posteriormente- su continuación hasta su finalización u aprobación, con los certificados correspondientes.

El incumplimiento de alguna de las cuestiones precedentes, ya sea la falta de presentación en el juzgado de una alternativa de curso, o la falta de acreditación de su ejecución completa, hará operativo el apercibimiento que aquí propongo consistente en la aplicación de una multa de $ 1.000.000,00 de carácter meramente sancionatorio, independientemente de las indemnizaciones establecidas, que será en su caso asignada en favor de la víctima de autos, quien podrá eventualmente ejecutarla con más los accesorios que se estimen corresponder (arts. 75, inc. 23 de la CN; Recomendación General n° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las derechos; 2, 3, 6 y 7 incs. ‘b’, ‘d’, ‘f’ y ‘g’ de la Convención de Belém do Pará; ley 26.485, arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16; 2, 1710 del CCyC; 804 y concs. del CCyC; 37 del CPCC).

IX. En consecuencia, propongo la modificación de la sentencia del 08.03.2024, con el siguiente alcance:

1) Elevar las sumas otorgadas por el rubro “daño extrapatrimonial” a $ 6.000.000,00 y por el rubro “gastos por tratamiento psicológico” a $ 403.200,00.

2) Dejar sin efecto el monto concedido en concepto de “daño psicológico”, receptado sustancialmente bajo el rubro extrapatrimonial.

3) Hacer saber lo señalado en el anteúltimo párrafo del Considerando V (Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ("CEDAW"), ley 26.485 y su decreto nº 1011/2010, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género de la SCBA; 1, 2, 3, 772, 1738, 1740, 1741 del CCyC; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 165, 260, 375, 384, 473, 474 del CPCC).

4) Imponer al demandado G. C., una medida de carácter complementario consistente en la realización de un programa o curso de capacitación sobre violencia de género en el marco de un proceso de sensibilización o concientización. A tal fin, deberá proponer en la instancia de grado una actividad de capacitación que no sea menor a doce horas cátedra con modalidad presencial o virtual, cuyo contenido será especial y estrictamente evaluado por el juez de grado en los términos expuestos en el considerando VIII. Bajo apercibimiento de aplicación de una multa de $ 1.000.000,00 de carácter sancionatorio, en favor de la víctima de autos, quien podrá eventualmente ejecutarla con más los accesorios que se estimen eventualmente corresponder.

5) Con costas de esta instancia a la parte demandada, en su objetiva condición de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).

Voto parcialmente por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada, el señor juez doctor Banegas dijo:

Adhiero en todo tanto a la solución propuesta, como a los argumentos en los que los basa el Dr. Janka.

Aun así, encuentro adecuado destacar la pertinencia e importancia de la medida adicional para prevenir y erradicar actos de violencia basados en el género ordenada en el ap. VIII del voto del colega preopinante.

Es que claramente en estas actuaciones se ha probado que la condición de mujer de la víctima ha sido el desencadenante principal de los hechos violentos narrados –y posteriormente acreditados- y por ende causa directa de los daños sufridos.

En estos casos, tal como lo señalé en el precedente de la Cámara de la que soy titular (Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, Sala 2 del Departamento Judicial de La Plata, Causa 127098, sent. del 14/07/2020 RSD 101-20) considero que una visión práctica y efectiva de la perspectiva de género, impone al victimario un abordaje socio – cultural y educativo que resulte adicional de las reparaciones pecuniarias fijadas tanto en la sentencia de grado como en este decisorio.

Ello en virtud a que se trata de una problemática que requiere de la búsqueda de soluciones de fondo para este tipo de actos, que perfore los límites tradicionales del derecho de daños, para emprender –a la par del camino reparatorio- un sendero protectorio y educativo de carácter genérico.

No se trata esta de una sanción tradicional, configura más bien un acto jurisdiccional preventivo en beneficio de la actora en particular y de la sociedad en sentido genérico, que se traduce en un acto proactivo, concreto, conducente y efectivo a fin de consagrar esa protección específica y agravada que implica la visión con perspectiva de género.

Por ello, insisto, la postura que toma el presente voto en el ap. VIII resulta central en la solución del presente caso.

Voto en idéntico sentido que el Dr. Janka.

A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Janka dijo:

Conforme se votó la cuestión anterior, corresponde modificar parcialmente la sentencia apelada del 08.03.2024, con el siguiente alcance: 1) Elevar las sumas otorgadas por el rubro “daño extrapatrimonial” a $ 6.000.000,00 y por el rubro “gastos por tratamiento psicológico” a $ 403.200,00.

2) Dejar sin efecto el monto concedido en concepto de “daño psicológico”, receptado sustancialmente bajo el rubro extrapatrimonial.

3) Hacer saber lo señalado en el anteúltimo párrafo del Considerando V.

4) Imponer al demandado G. C., una medida de carácter complementario consistente en la realización de un programa o curso de capacitación sobre violencia de género en el marco de un proceso de sensibilización o concientización. A tal fin, deberá proponer en la instancia de grado una actividad de capacitación que no sea menor a doce horas cátedra con modalidad presencial o virtual, cuyo contenido será especial y estrictamente evaluado por el juez de grado en los términos expuestos en el considerando VIII. Bajo apercibimiento de aplicación de una multa de $ 1.000.000,00 de carácter sancionatorio, en favor de la víctima de autos, quien podrá eventualmente ejecutarla con más los accesorios que se estimen eventualmente corresponder.

5) Con costas de esta instancia a la parte demandada, en su objetiva condición de vencida (arts. cits.).

Así lo voto.

El señor juez doctor Banegas votó en análogo sentido.

Con lo que terminó el presente acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

De conformidad al resultado que instruye la votación del acuerdo que antecede, fundamentos, citas legales y jurisprudenciales que se dan aquí por reproducidas, se modifica parcialmente la sentencia apelada del 08.03.2024, con el siguiente alcance:

1) Se elevan las sumas otorgadas por el rubro “daño extrapatrimonial” a $ 6.000.000,00 y por el rubro “gastos por tratamiento psicológico” a $ 403.200,00.

2) Se deja sin efecto el monto concedido en concepto de “daño psicológico”, el que se recepta sustancialmente bajo el rubro extrapatrimonial.

3) Se hace saber lo señalado en el anteúltimo párrafo del Considerando V.

4) Se impone al demandado G. C., como medida de carácter complementario, la realización de un programa o curso de capacitación sobre violencia de género en el marco de un proceso de sensibilización o concientización. A tal fin, deberá proponer en la instancia de grado una actividad de capacitación no menor a doce horas cátedra, con modalidad presencial o virtual, cuyo contenido será especial y estrictamente evaluado por el juez de grado en los términos expuestos en el considerando VIII. Bajo apercibimiento de multa de $ 1.000.000,00 en favor de la víctima de autos, quien podrá eventualmente ejecutarla con más los accesorios que se estimen eventualmente corresponder.

5) Costas de esta instancia a la parte demandada vencida.

6) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la LHP).

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase por la vía que corresponda. 

Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).