"En consecuencia, y en base a las consideraciones ya realizadas, resulta necesario resaltar el derecho tiene el actor en contar con las #.........#.........#................. Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE DOLORES FMP 18770/2025 V., M. H. c/OSDE s/AMPARO LEY 16.986 indicaciones médicas recetadas por el galeno interviniente. Esto es: Control psiquiátrico y farmacológico 2 veces por semana. - Psicoterapia transpersonal, 2 sesiones por semana -Psicoterapia familiar/grupal, cada 15 días -Acompañante terapéutico, 12 horas por día, de lunes a lunes -Cuidadoras domiciliarias, 24 hs de lunes a lunes - Natación 2hs, 3 veces por semana.

Sobre este punto, debo señalar que numerosos tribunales de diferentes lugares del país, han sostenido que son los propios profesionales tratantes quienes, por el conocimiento acabado que poseen sobre la patología del paciente, se encuentran en condiciones de indicar el tratamiento adecuado. Ello resulta lógico, en virtud del conocimiento profundo y completo que tienen de las condiciones físicas, orgánicas y psíquicas del paciente, de las enfermedades que padece y del tipo de abordaje terapéutico que su diagnóstico requiere, conforme a los principios de la medicina científica curativa.

Sobre ello, tiene dicho la Cámara Federal de San Martín que: "el profesional de la medicina que trata la patología del paciente, es quien, previo efectuar los estudios correspondientes, prescribe la prestación que le proporcione mejores resultados" (Sala I de la Cámara Federal de San Martín, causas 18958/2016/1, 52084/2016/1 y 65638/2016/1, sentencias del 20/10/2016, 03/11/2016 y 03/02/2017, respectivamente). #.........#.........#.................

Asimismo, recientemente, la misma Cámara ha expresado que: "Al respecto, debe seguirse el criterio sustentado por esta Alzada en reiteradas oportunidades, donde se puso de resalto lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense (Sala 1, causa 94/13, Rta. el 19/2/13) en el sentido de que el profesional de la medicina que trata la patología del paciente, es quien, previo efectuar los estudios correspondientes, prescribe la prestación que le proporcione mejores resultados [...]. Además, este Tribunal ha señalado que la indicación de los medicamentos es de exclusiva responsabilidad del profesional tratante, quien la realiza en el pleno ejercicio de su actividad profesional, basándose en su experiencia y en el conocimiento científico disponible f.] ". (SALA I. de la Cámara Federal de San Martín en "FLO". CAUSA N° 50359/2023. Sentencia de fecha 1/7/2025).

vi. Sobre la fecha en la que pesa la obligación y la modalidad: A raíz del intercambio sucedido entre las partes al cual me referí antes, resalto nuevamente que, como lo dije en fecha 10/11/2025 y lo ratifique el 11/11/2025, la obligación que pesa sobre la demandada de cubrir el 100% de las prestaciones indicadas, corresponde desde el día en que se notificó la medida cautelar oportunamente dispuesta. Esto es, el 22 de octubre de 2025. Ello en virtud del derecho de defensa en juicio y, por no ser la presente acción, la vía idónea para reclamar pagos y/o devoluciones sobre deudas económicas previas a la interposición de la acción. #.........#.........#................. Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE DOLORES FMP 18770/2025 V., M. H. c/OSDE s/AMPARO LEY 16.986.

Finalmente, sobre la otra cuestión suscitada en relación a los días en que la demandada haga efectivos los pagos y/o reintegros, sostengo lo dispuesto en la medida cautelar. En consecuencia, entiendo que la demandada debe proceder con el pago y/o reintegro al actor de los valores de los profesionales tratantes, dentro de un plazo que no exceda los 5 días, plazo que resulta razonable y acorde a las necesidades del Sr. V. descriptas en el expediente.

Por todo ello, jurisprudencia en este sentido (conf. “G.M. c/OSDE s/Amparo de Salud” de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II del 16/07/21), he de imponer las costas a la demandada. Por todo ello, citas legales, jurisprudenciales y doctrinarias;

RESUELVO:

I) HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por M. H. V. DNI Nº ........., y ordenar a la demandada OSDE, que en el plazo de 48 hs., proceda a otorgar Cobertura conforme los parámetros de cobertura previstos en Resol. 428/99 del Ministerio de Salud de la Nación y al 100% por aplicación de la Ley 24.901 respecto a: 1.- Control psiquiátrico y farmacológico 2 veces por semana. 2.- Psicoterapia transpersonal, 2 sesiones por semana; 3.- Psicoterapia familiar/grupal, cada 15 días; 4.- Acompañante Terapéutico, 12 horas por día, de lunes a lunes; 5.- Hidroterapia (Natación), 2hs, 3 veces por semana; 6.- Cuidadoras domiciliarias, 24hs de lunes a lunes.

Dejar aclarado que, contra la presentación de las facturas correspondientes para pago y/o reintegro de los profesionales tratantes, la demandada no se deberá exceder más de los 5 días para hacer efectivos los mismos.

II) Intimar a la demandada al cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior, dentro de las próximas 48 hs y a acompañar #.........#.........#................. Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE DOLORES FMP 18770/2025 V., M. H. c/OSDE s/AMPARO LEY 16.986 constancias que así lo acrediten. Ello bajo apercibimiento de decretar embargo".

"En primer lugar, corresponde mencionar que el amparista se encuentra legitimado en los términos del artículo 43 de la Constitución a interponer “acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”.

En lo que hace a la legitimación pasiva cabe tener presente que las obras sociales son agentes que integran el Seguro Nacional de Salud, y en ese carácter deben garantizar el derecho a la salud de los habitantes cumpliendo con las prestaciones y coberturas que por ley deben brindar. En este sentido, corresponde recordar que de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la ley 23.660 las obras sociales tienen a su cargo las prestaciones de salud (art. 3) y forman parte del Seguro Nacional de Salud en calidad de agentes naturales del mismo.

En razón de ello, se encuentran sujetos a las normativas que lo regulan (ley 23.661), sistema creado en procura de garantizar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país (art. 1), cuyo objetivo fundamental es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud “igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva”.

Teniendo en cuenta la materia del presente, es conducente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: “El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de la Ley Fundamental, es una prerrogativa implícita, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la salud –especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal, ya que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida” (v. doctrina de Fallos: 123:1339).

ii. Habiendo descripto el marco normativo acorde para analizar el presente caso, considero que en el caso se ha acreditado el derecho que tiene el Sr. R. L. O. al medicamento solicitado. Para ello, tengo en especial consideración la delicada situación de salud acreditada en autos, la cual se encuentra por demás probada con la documentación incorporada en la demanda. Las constancias acompañadas refieren que el amparista tiene cáncer de colon recaído con mutación de BRAF. En ese marco, el tratamiento indicado por su médico tratante resulta ser el objeto de la pretensión de este proceso. Esto es, la cobertura de los siguientes medicamentos: CETUXIMAB 500 mg./m2 día 1 y 15; ENCORAFENIB 300 mg. por día vía oral.

iii. La parte actora ha demostrado que la demandada no cumplió con su mandato legal y le negó la cobertura de la medicación en tiempo y forma. Ello no sólo surge de las constancias acompañadas al momento de presentarse la acción, sino que además se advirtió a lo largo del expediente. El temperamento adoptado por OSPERYRHA se mantuvo inclusive con posterioridad al dictado de la medida cautelar decretada el día 19/12/2025. Recién el pasado 30 de enero, luego de que se decretara embargo sobre los fondos de la demandada, se presentó esta en el expediente a denunciar que se había cumplido con la orden judicial y la medicación había sido suministrada al amparista.

iv. Si bien al momento de dictarse la presente sentencia la medicación solicitada le fue entregada al actor, no puede pretenderse que esta acción haya caído en abstracto. Esta vía excepcional no se agota con el cumplimiento de una medida cautelar, pues ello implicaría en que R. L. O., ante el eventual incumplimiento de la demandada en brindarle la medicación los meses siguientes, vea vulnerado completamente sus derechos aquí reconocidos. Resignar a la parte actora ante semejante incertidumbre constituiría un grave riesgo para su vida.

RESUELVO:

I) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. R. L. O., DNI N°....... contra OSPERYHRA con costas a la demandada (arts. 14 de la ley 16.986 y 68 de C.P.C.C.N.).

II) Declarar el derecho del amparista en que la demandada le brinde cobertura de los siguientes medicamentos: CETUXIMAB 500 mg./m2 día 1 y 15; ENCORAFENIB 300 mg. por día vía oral, todo ello mientras sea prescripto por su médico tratante".

"Cabe destacar que la finalidad de las medidas cautelares, in bonis iuris, radica en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien la solicita, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin de que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio.

Corresponde al Tribunal examinar la concurrencia de los presupuestos que son exigidos por el art. 230 de la ley ritual para la admisibilidad de la misma. Que partiendo de la base de que las providencias cautelares no tienen un fin en sí mismas, sino que se encuentran ineludiblemente preordenadas a una ulterior y definitiva resolución, las mismas se conceden inaudita parte y en virtud de la mera verosimilitud del derecho invocado por las partes, cuya protección se busca a través de la actuación jurisdiccional (fumus bonis iuris).

Este requisito debe ser exigencia previa para que se viabilice la excepcionalidad de la misma, debiendo verificarse el mismo estrictamente.

Así, quien solicita la cautelar debe acreditar –aun mínimamente– la prueba de la verosímil presunción del derecho y debe resultar de los elementos incorporados al proceso que objetivamente los demuestren.

La adopción de medidas asegurativas se halla condicionada a tres requisitos, a saber: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela.

Entiéndese a la verosimilitud del derecho invocado como la exigencia de que el derecho del peticionario de la cautelar sea aparentemente verdadero, porque su certeza sólo podría obtenerse eventualmente con el dictado del pronunciamiento definitivo (Fallos, 327:3202).

Otro de los recaudos es el peligro en la demora, entendido básicamente como la posibilidad de que el derecho invocado y reclamado resulte frustrado por las contingencias procesales del juicio.

Finalmente, la contracautela asegura a la otra parte el resarcimiento de los eventuales daños irrogados por la medida indebidamente peticionada (conf. Martínez Botos, Medidas Cautelares, Ed. Universidad, 1990, pág. 55 y ss).

La calidad del actor de hallarse afiliado a OSDE surge de la credencial acompañada por esa parte, de la que surge que se encuentra bajo el .............., Plan 2 310 G.

Ahora bien, para determinar el alcance de la tutela del derecho constitucional invocado —sin afectar derechos o prerrogativas de la contraparte—, debe valorarse que según los hechos expuestos por el amparista y la prueba documental agregada, resulta ser su diagnóstico:(...).

Dicho profesional indica el siguiente tratamiento al paciente: Control psiquiátrico y farmacológico 2 veces por semana; Psicoterapia transpersonal, 2 sesiones por semana; Psicoterapia familiar/grupal, cada 15 días; Acompañante terapéutico, 12 horas por día, de lunes a lunes; Cuidadoras domiciliarias, 24 hs de lunes a lunes; Natación 2 hs, 3 veces por semana, referenciando que “Si no se cumple hay riesgo de descompensación psicótica con riesgo como para sí mismo y para terceros, por eso la inminencia del tratamiento solicitado.”

Se suma que el afiliado cuenta con Certificado de Discapacidad y, en función de lo dicho, corresponde subsumir el presente bajo el régimen de la Ley 24.901 que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, Decreto Reglamentario 1193/98 y de la Ley 22.431 mediante la cual se instituye el sistema de protección integral de las personas discapacitadas.

El Alto Tribunal ha sostenido que “…Los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (conf. Corte Suprema, Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional, del 15/6/04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

El afiliado refiere no haber logrado la cobertura de la totalidad de las prestaciones indicadas por su médico de cabecera, algunas abonadas de manera parcial, otras en proceso de análisis y otras sin prestador de la obra social para realizarlas.

Atento el carácter de la acción que se interpone aparece prima facie comprometido el derecho al mínimo bienestar por parte del actor y, en consecuencia, el derecho a la calidad de vida de éste como uno de los presupuestos básicos de la dignidad.

Entiendo que en el caso, ante la urgencia del pedido, la demandada —OSDE— debe cubrir los costos de las prestaciones indicadas por el profesional tratante.

Debe aclararse que, tratándose de una persona discapacitada, deberá aplicarse la Res. 428/1999 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual establece topes respecto de los montos a cubrirse en relación a las prestaciones nomencladas, tópico este que ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: V., I.R. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ Ordinario (Fallos 340:1269), y más recientemente en A., G.E. y otro c/ OSDE s/ Amparo – Ley 16.986, en relación a los honorarios máximos que pueden facturarse por las prestaciones otorgadas.

Teniendo en cuenta las múltiples prestaciones requeridas en autos, entiendo que debe hacerse una distinción respecto de aquellas que no se encuentran contempladas por la citada resolución, por lo cual no se encuentran alcanzadas por dicha normativa.

Ello así, respecto de las prestaciones contempladas en la resolución citada, deberán brindarse en los términos de la normativa vigente del Ministerio de Salud, resaltando que los prestadores y profesionales deberán cumplir con lo establecido en el art. 11, que dispone que “los aranceles establecidos para cada módulo incluyen el 100% de la cobertura prevista en cada uno, por lo que el prestador no cobrará adicionales directamente al beneficiario”.

En cuanto a la prestación de Acompañante Terapéutico, cabe mencionar que en autos Antichi, Cristian Javier c/ OSDEPYM s/ Amparo Ley 16.986 (Expte. 9765/2022), la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dispuso que “…las prestaciones que no se encuentran contempladas por la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud de la Nación, como ser el acompañante terapéutico requerida en autos, deben brindarse en los términos de la normativa vigente del Ministerio de Salud…”

Asimismo, agregó que “…la ley 25.421 ha creado el ‘Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental’…”, y continúa con el fundamento que indica que el acompañante terapéutico debe cubrirse en un 100% cuando el beneficiario acredita discapacidad.

Por todo ello, se aclara que, respecto de la prestación mencionada, deberá cubrirse el 100% por aplicación de la Ley 24.901, dado que esta especialidad no está incluida en la Resolución 428/1999.

Ello conforme los lineamientos vertidos por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en el antecedente Calabró c/ OSDE s/ Amparo (Expte. 26710/2019) y por la Corte Suprema en V.I.R. c/ OSPJN s/ Ordinario (Expte. 11050512/2013).

Con las constancias de autos es posible declarar el derecho que tiene el afiliado a recibir por parte de la obra social la cobertura integral de las prestaciones solicitadas.

En orden a las consideraciones que anteceden, encuentro que la omisión de la cobertura por parte de OSDE —o cobertura parcial— implica una conducta, en principio y con los elementos aquí adunados, arbitraria y contraria a derecho.

Atento lo establecido por los tratados internacionales con igual rango según el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, como la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que en sus arts. 1 y 11 garantizan el derecho a la vida y a la preservación de la salud, estando acreditadas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y teniendo presente la documentación presentada y la naturaleza del objeto procesal, habré de aceptar el pedido precautorio respecto de la solicitud cautelar.

Por todo ello,

RESUELVO:

I) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el señor M.H.V., ......., afiliado N°.............. y ordenar a la demandada OSDE, que en el plazo de 48 hs. proceda a otorgar cobertura conforme límites máximos de cobertura previstos en la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud de la Nación y al 100% por aplicación de la Ley 24.901 respecto a:

1. Control psiquiátrico y farmacológico, 2 veces por semana. 2. Psicoterapia transpersonal, 2 sesiones por semana. 3. Psicoterapia familiar/grupal, cada 15 días. 4. Acompañante terapéutico, 12 horas por día, de lunes a lunes. 5. Hidroterapia (natación), 2 hs, 3 veces por semana. 6. Cuidadoras domiciliarias, 24 hs de lunes a lunes".

Se ordena a a OSDE cubrir el 100% las prestaciones de acompañamiento terapéutico, psicopedagogía, fonoaudeología e hidroterápia en el perentorio e improrrogable plazo de tres días: "(...)Entiendo que nos encontramos con una persona que sufre una doble vulnerabilidad, por su condición de niño y por tratarse de una persona con discapacidad y ello determina que se ponga el mayor énfasis en la protección de sus derechos.En atención a las consideraciones que preceden, habré de hacer lugar al petitorio.Por todo ello, citas legales y jurisprudenciales; RESUELVO:I) Hacer lugar a la acción de amparo deducida por M.G. en nombre y representación de su hijo menor de edad T. G., ordenando que OSDE, en el perentorio e improrrogable plazo de tres días, autorice:a) Los honorarios correspondientes al acompañante terapéutico – para toda la jornada escolar que asiste al hijo del actor; dividiéndolo en dos acompañantes con indicación de 4 horas cada una de lunes a viernes de marzo a diciembre. b) los honorarios de la psicopedagoga -2 sesiones por semana c) fonoaudióloga -2 sesiones por semana e d) hidroterapia y/o natación, 2 veces por semana.En todos los casos conforme límites máximos de coberturaprevistos en Resol. 428/99 del Ministerio de Salud de la Nación.(...)".-

“S. M. L. A. en representación de E. S. M. c/ OSFATLYF y otro s/ Amparo ley 16.986"

Juzgado Federal de Dolores/ 2021

Se ordena a OSFATLYF  gestionar y suministrar el DISPOSITIVO BAHA5 y BAHA5 POWER SISTEMA SOFT BAND  a su exclusivo cargo así como también la cobertura al 100% de las prestaciones de Terapia de Rehabilitación de Lenguaje; Estimulación Temprana; Fonoaudiología; Otorrinolaringología; Fisiatría; Psicopedagogía; y proceso de adaptación prueba y medición de los audífonos: Audiometría tonal; Prueba de percepción de habla con equipamiento auditivo y calibración de dispositivo semi implantable a cargo de los profesionales que ya venian atendiendo al menor.-